La pandemia de Covid-19 provocó un cambio significativo en la administración de justicia en Colombia, con la transición hacia procesos electrónicos. En este artículo, exploramos cómo la virtualidad ha impactado el sistema jurídico durante los últimos cuatro años y qué beneficios ha traído para la eficiencia y accesibilidad de la justicia.
El principal efecto positivo de la virtualidad en el sistema judicial colombiano ha sido la descongestión de las audiencias. Antes de 2020, se realizaban aproximadamente 50 audiencias diarias de manera virtual; hoy en día, esa cifra ha aumentado a entre 5,000 y 7,000 audiencias diarias. Este aumento ha permitido abordar más rápidamente los casos pendientes, reduciendo significativamente la carga procesal.
Según el penalista Francisco Bernate, la virtualidad ha contribuido a disminuir los índices de impunidad en delitos como la corrupción, feminicidios y agresiones sexuales a menores. En localidades sin presencia física de juzgados, los ciudadanos pueden acceder a la justicia mediante sus dispositivos móviles o computadoras, mejorando así la cobertura y efectividad del sistema judicial.
Además, las audiencias virtuales han proporcionado una mayor seguridad a los participantes en los juicios. Por ejemplo, los testigos pueden ofrecer su testimonio sin exponerse a riesgos físicos, gracias a los canales virtuales disponibles. Esta medida protege su integridad y facilita su colaboración en el proceso judicial.
En la actualidad, unos 6,500 funcionarios del sistema judicial colombiano tienen la capacidad de trabajar virtualmente. Francisco Bernate destaca que esta modalidad ha significado un importante ahorro de recursos para el Estado y ha mejorado la calidad de vida de los funcionarios judiciales, quienes pueden desempeñar sus funciones de manera más flexible y eficiente.
En resumen, la adopción de tecnologías virtuales en el sistema jurídico colombiano ha demostrado ser una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia, accesibilidad y seguridad de la justicia, beneficiando tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos.
