Entre propietarios que esperan y trámites que no ayudan, el patrimonio de Tunja se deteriora en silencio hasta que una pared cae.
Las casas coloniales llevan años cayéndose en silencio. El día del derrumbe solo se hace visible lo que ya había ocurrido.
A comienzos de octubre se vino abajo parte de una vivienda en la calle 18 con carrera 12, en el Centro Histórico. El inmueble estaba clasificado en Nivel 1, conservación integral, la máxima categoría de protección: en el papel, nada podía estar mejor resguardado. Dos peatones resultaron con lesiones leves y la casa estaba vacía. Fue suerte, y la suerte no es una política pública.
No es un caso aislado. Junto al parque Pinzón hay una antigua casona cuya restauración, según informó Boyacá Le Informa en 2025, ordenó un juez tras una acción popular, con obras estimadas en más de $1.900 millones de pesos. Y en 2025 el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó una sentencia que ordenó intervenir tres casas deterioradas del Centro Histórico. Cuando son los jueces quienes ordenan lo que una ciudad debería hacer por iniciativa propia, algo falló antes.
Esos $1.900 millones miden, en buena parte, el costo de haber esperado. Una cubierta atendida a tiempo es una reparación menor; una que se deja caer arrastra consigo la estructura y el presupuesto público.
El mismo patrón se ve en la Plaza de Bolívar. En el costado occidental, donde un balcón corrido recorría todo el frente de la plaza, uno de los más largos de su época, una casa diagonal al torreón de la Gobernación lleva más de cinco años con su balcón cubierto tras un cerramiento. Lo que se concibió como medida transitoria se volvió permanente porque nadie le fijó fecha de vencimiento ni responsable. A pocos pasos, la casa Niño, hoy sede de las secretarías de Cultura y de Turismo de Boyacá, demuestra que estas casas pueden salvarse y volver a servir.
Nada de esto ocurre por falta de normas. El Centro Histórico es Monumento Nacional desde 1959 y cuenta con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) desde 2012, hoy en revisión. Lo que falla es el mantenimiento, y falla por dos lados a la vez.
El primero son los propietarios. La obligación de conservar es suya, y el propio municipio se la ha recordado a un juez. Pero conservar una casa de cuatro siglos es caro, y demolerla no es una opción libre, de modo que el sistema genera un incentivo perverso: esperar. Esperar a que el deterioro avance, a que intervenga el Estado o a que alguien más pague. En Cartagena, las autoridades de patrimonio encontraron que pocos dueños de predios en alto riesgo habían actuado, y muchos alegaban el costo. No hace falta acusar a nadie para decir lo evidente: quien deja que una casa patrimonial se arruine por ahorrarse la restauración no solo desprotege la memoria de la ciudad, también pone en riesgo a quien camina por la acera.
El segundo son las entidades. Intervenir un inmueble patrimonial obliga a pasar por varias instancias: Planeación municipal, la Comisión del Centro Histórico y, según el caso, el Ministerio de Cultura. El control es necesario, porque un inmueble de cuatro siglos no admite cualquier obra, y de hecho hasta las obras que ordena un juez deben esperar esos permisos. Pero cuando el trámite tarda más que el deterioro, y las normas limitan tanto lo que el dueño puede hacer, el propietario que quiere arreglar una gotera se desanima, y la gotera no espera. A ello se suma que ya en 2014 el municipio admitió que no tenía presupuesto para adquirir inmuebles, así que tampoco puede reemplazar al propietario. Hay señales de cambio: en 2026 la Alcaldía abrió la jornada «Tunja histórica: patrimonio vivo» para facilitar obras menores como cubiertas, balcones y carpintería. Es un buen paso, pero no puede ser una convocatoria de una vez al año.
Así el abandono se vuelve la salida más cómoda para todos: para el propietario, esperar; para la institución, tramitar. Y mientras tanto la casa se cae.
Propongo cuatro medidas. La primera, un censo público de riesgo: un semáforo por inmueble, actualizado cada año, que diga cuáles están sanos, cuáles en deterioro y cuáles en peligro. Si ya existe un inventario en el PEMP, que se actualice y se publique; las facultades de arquitectura e ingeniería de las universidades podrían levantarlo con la Alcaldía como práctica formativa. La segunda, mantenimiento preventivo como obligación compartida: exigible a los propietarios, pero acompañado de incentivos tributarios, créditos para obras menores y asistencia técnica gratuita, y con actuación pública y cobro posterior cuando se incumpla. La tercera, plazos en ambas direcciones: lo provisional debe tener fecha de vencimiento y un responsable que lo revise, y los permisos de mantenimiento menor, un tiempo máximo de respuesta y una ruta expedita. La cuarta, formar en oficios: quien sabe trabajar la tapia y la teja también conserva.
La revisión del PEMP es una oportunidad que no conviene gastar en otro diagnóstico para el archivo. Si de allí no salen metas, plazos y presupuesto, volveremos a leer la misma noticia con otra dirección.
Una ciudad no pierde su patrimonio el día que se derrumba una pared. Lo pierde antes, el día que se acostumbra a verla agrietada.
