La ciudad no es un simple tablero de especulación inmobiliaria ni un lienzo en blanco sujeto a los caprichos del mercado; es un tejido socioespacial complejo construido colectivamente a lo largo de los años materializando nuestra historia. Desde la planeación urbana, entendemos que el patrimonio y el territorio conforman una dupla inseparable: mientras el urbanismo organiza las dinámicas y la vida en comunidad, los Bienes de Interés Cultural (BIC) actúan como aquellos hitos de identidad que dotan de sentido al paisaje urbano. Por eso resulta tan alarmante lo ocurrido en el conjunto Altos de Santana —obra cumbre del maestro Rogelio Salmona en los cerros orientales de Bogotá—, donde una intervención irresponsable evidenció una contradicción frecuente: la peligrosa confusión entre la propiedad privada y la soberanía sobre la memoria colectiva.
Todo salió a la luz a través de las redes sociales, evidenciando cómo la trivialización del espacio suele justificarse bajo una supuesta vanguardia estética. El estudio de diseño Deconama, bajo la dirección de la diseñadora industrial Andrea Mallarino, compartió orgulloso el «antes y después» de una remodelación residencial que implicó la demolición de una escalera original para instalar una estructura ligera de madera, vidrio y cemento. Lo que para sus ejecutores era un triunfo de modernización y optimización lumínica, para quienes estudiamos la ciudad y la arquitectura representó una ruptura morfológica inaceptable. La obra de Salmona —con su característico ladrillo a la vista y su profunda sintonía con la topografía de la sabana y los cerros— no es un contenedor neutro; es una unidad tipológica rigurosa donde cada elemento de circulación y transición espacial responde a una articulación arquitectónica y urbana insustituible.
Desde la perspectiva de la gestión del territorio, este episodio pone en entredicho la eficacia de nuestros instrumentos de control y la madurez de nuestra cultura cívica. Existe una falsa premisa en el mercado inmobiliario que asume que la titularidad de un inmueble otorga el derecho de amputar su ADN espacial bajo el amparo de la privacidad doméstica. Sin embargo, los edificios patrimoniales son documentos tridimensionales de interés público. En el caso de Altos de Santana, la protección no es un capricho burocrático: está amparada de forma taxativa por la Resolución 2043 de 2010, que declaró al conjunto como BIC del ámbito distrital bajo un nivel 2 de conservación tipológica. Esta figura protege de manera explícita las fachadas, los volúmenes, los espacios comunes y, de forma crucial, las circulaciones internas y las escaleras al interior de los apartamentos, por ser partes indivisibles del concepto proyectual del autor.
Afortunadamente, los mecanismos institucionales de salvaguarda respondieron. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), liderado por el Arq. Diego Parra, inició las actuaciones sancionatorias pertinentes, recordando que la legislación colombiana (Ley 1185 de 2008) contempla drásticas multas para propietarios y profesionales que vulneren el patrimonio sin autorización. Pero más allá de la sanción económica, el verdadero valor de este proceso radica en su enfoque restaurativo: gracias al acervo documental y a los planos originales que resguarda celosamente la Fundación Rogelio Salmona, las autoridades cuentan con los insumos técnicos para exigir la restitución física de la escalera original.
Habitar una ciudad con historia exige un pacto ético y territorial que el urbanismo contemporáneo no puede seguir eludiendo. Pasar por alto mandatos normativos no es innovar ni modernizar; es vandalismo institucionalizado por la ignorancia y el esnobismo.
