Lo que nació en Colombia en 1994 (Ley 142) como un mecanismo de solidaridad fiscal para los servicios públicos se ha transformado en un potente catalizador de segregación espacial. Al categorizar el territorio en una escala del 1 al 6, creamos una ilusión de orden que, en la práctica, fractura el tejido social y convierte la vivienda en un marcador de identidad y destino urbano.
El sesgo en el diseño urbano
Como urbanistas, observamos con preocupación cómo la calidad del espacio público —infraestructura, arborización e iluminación— parece supeditada al estrato y no a la dignidad de sus habitantes. Bajo esta lógica, hemos planificado enclaves homogéneos que rechazan la mixtura social. Cuando el acceso a un entorno de calidad es un privilegio asociado al predio y no un derecho, institucionalizamos la exclusión.
Esta fragmentación socioespacial —que la ONU-Habitat señala hoy como un obstáculo para la integración— tiene graves consecuencias. No solo genera una “geografía del miedo”, sino que convierte la mejora urbana en una paradoja: cada vez que se interviene un sector con infraestructura de calidad, el estrato y el costo de vida suben, desplazando silenciosamente a los residentes originales mediante procesos de gentrificación.
Hacia la justicia espacial
El reto para la planeación nacional, y para realidades urbanas en crecimiento como la de Tunja, es trascender esta etiqueta. Mientras la tendencia global sugiere centrar la política pública en las personas y su vulnerabilidad real, nuestro modelo sigue atado a la fachada del inmueble. El sistema actual, aunque funcional para el recaudo, legitima una segregación que choca con la justicia espacial.
