Hace unos días vimos como la dinámica geopolítica contemporánea tiene una trasformación crucial, pasamos de migración “tradicional”, hacia una noción analítica más compleja y elaborada: La instrumentalización del flujo migratorio como la nueva herramienta de presión internacional. Esta arma geopolítica surte efecto cuando las fronteras dejan de ser meras líneas jurídicas que separan países, destinadas a proteger y salvaguardar la soberanía, para convertirse en un instrumento de negociación, presión y disputa del poder político en el escenario global.
Las migraciones han dejado de ser vistas como un asunto meramente humanitario, del mismo modo que las fronteras han dejado de ser la expresión exclusiva de la soberanía estatal. Las primeras se han trasformado en un recurso y herramienta de negociación, presión y disputas de poder; Las segundas, en espacios que se abren, y se cierran, se flexibilizan o se endurecen de acuerdo con los intereses diplomáticos, electorales y estratégicos de los Estados. Muestra evidente de estas dinámicas es el caso de Ceuta (enclave español en el norte de África que sirve de termómetro de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos). En fechas recientes vimos como el Reino de Marruecos relajó temporalmente el control fronterizo durante una crisis diplomática relacionada con el Sáhara Occidental (cabe precisar que no es un hecho inédito, pues no es la primera vez, en 2017, 20202 y 2021 se presentaron situaciones de similar naturaleza). Esta llegada masiva de miles de personas procedentes del norte y del África subsahariana (estimada entre 10.000 a 12.000 en mayo de 2021. (60 y 72.000 según algunas fuentes), produjo una situación extraordinaria que rebasaba la capacidad de acogida de la ciudad local, motivó la intervención de las fuerzas de seguridad y desencadenó una crisis política de grandes magnitudes, deteriorando las relaciones bilaterales. Con ello, Marruecos demostró la relevancia estratégica de su cooperación para el control de la frontera sur de Europa.
Lejos de ser un hecho aislado, el caso de Ceuta forma parte de una tendencia internacional extendida. Un ejemplo análogo es el caso de Turquía, Estado que ha utilizado en diversas ocasiones la posibilidad de abrir sus fronteras hacia Europa para presionar recursos económicos y respaldo político de la Unión Europea. Por ser el país que alberga una de las mayores poblaciones de personas refugiadas del mundo le otorga un margen significativo de negociación con los organismos europeos para la obtención el apoyo financiero y concesiones políticas. Como consecuencia de la Declaración U.E – Turquía de 2016, se fortaleció la externalización del control migratorio, proceso que no ha estado exento de fuertes tensiones diplomáticas.
Otro claro ejemplo de esta instrumentalización es el de Bielorrusia, país que empleó la migración como arma política, al trasladar a la frontera polaca a diversas poblaciones de migrantes procedentes del medio oriente y África (quienes buscaban ingresar a la Unión Europea mediante este corredor) El Gobierno Bielorruso facilitó visados, transporte y vuelos de conexión como respuesta a las sanciones económicas impuestas a su gobierno por la comunidad europea. En respuesta, Polonia militarizo la frontera, y se construyeron barreras físicas de contención, y se endurecieron las políticas migratorias, lo cual agravó severamente la crisis humanitaria en la zona. Esta estrategia, catalogada con mayor reflexión por los analistas como un ataque o desafío hibrido (entendido como el empleo desestabilizador por parte de actores estatales o no estatales de movimientos como fines de presión), demostró la conversión deliberada del migrante en una supuesta amenaza a la seguridad estatal, tal como aconteció en 2021 cuando Bielorrusia presionó directamente a Polonia, Lituania y Letonia.
Al recapitular las consecuencias geopolíticas de estas acciones, se identifican como patrones constantes: el fortalecimiento de las políticas de securitización de las fronteras, el recrudecimiento de los discursos nacionalistas y xenófobos, la externalización del control migratorio a terceros países, el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados, la sistemática vulneración de los derechos humanos (DDHH) y, fundamentalmente, la consolidación de la migración como una dimensión clave dentro de las estrategias híbridas de coerción política y no de via militar.
Diversos marcos teóricos permiten conceptualizar la manera en que los sujetos migrantes son transformados en objetos de disputa dentro del sistema internacional. Desde el enfoque de Michel Foucault (1976)1, las fronteras ya no operan únicamente como límites territoriales, sino como dispositivos de gubernamentalidad y segregación. La migración se transforma así en un objeto privilegiado de regulación estatal y de la racionalidad política, dimensión articulada bajo el concepto de biopolítica. Por su parte, cuando la frontera deja de ser una demarcación administrativa para convertirse en un espacio de gestión asimétrica de la vulnerabilidad y la vida, Achille Mbembe (2003) 2 plantea la noción de necropolítica. Asimismo, cuando las fronteras se constituyen en escenarios de gestión de contingencias donde el migrante es percibido como un peligro potencial antes que como un sujeto de derecho, Didier Bigo (2002) 3 conceptualiza este fenómeno como la securitización de las fronteras. Finalmente, cuando la migración deja de ser leída como un mero flujo espontáneo o derivado de una crisis para convertirse en una herramienta deliberada de presión en las relaciones internacionales, Kelly Greenhill (2010) 4, formula el concepto de «migración inducida coercitivamente» (coercive engineered migration). En este esquema, el uso instrumental de desplazamientos poblacionales masivos busca alterar el comportamiento político de otro Estado para extraer concesiones económicas, militares o diplomáticas, transformando a las personas en un recurso estratégico de negociación, influencia y legitimidad geopolítica.
Estos efectos geopolíticos derivados de la instrumentalización migratoria reflejan claramente cómo los Estados incorporan los fenómenos sociales en su catálogo de mecanismos de poder, seguridad, presión y negociación internacional. Si bien no constituyen instrumentos militares en sentido estricto, logran alcanzar objetivos analógicos en términos de concesiones políticas y ventajas estratégicas.
Bajo estas condiciones, los migrantes desprovistos de garantías jurídicas se convierten en variables estratégicas de las disputas interestatales, transformándose en meros instrumentos de coerción política cimentada en el temor, la polarización y el oportunismo geopolítico. Ante este escenario, resulta imperativo revisar y trascender los enfoques restrictivos de la securitización para reivindicar el paradigma de la seguridad humana. Este enfoque exige situar en el centro el respeto, la protección y las garantías efectivas de los derechos humanos y la dignidad intrínseca de los migrantes, articulando una responsabilidad compartida mediante una cooperación internacional efectiva y solidaria entre los Estados y la comunidad global.
Referencias bibliográficas que fundamenta las citaciones teóricas incorporadas
Detalles del Tratamiento Citable en el Texto:
- Foucault (1976 / 2006): Fundamenta las nociones de gubernamentalidad, dispositivos de seguridad y biopolítica aplicados a las fronteras y al control estatal de la migración.
- Mbembe (2003 / 2011): Sostiene el concepto de necropolítica, que explica la administración asimétrica de la vulnerabilidad y la vida en las zonas fronterizas.
- Bigo (2002): Aporta el marco teórico sobre la securitización de las fronteras y la construcción gubernamental del migrante como un “peligro o amenaza potencial”.
- Greenhill (2010): Proporciona la categoría central del artículo: «migración inducida coercitivamente» (coercive engineered migration), que conceptualiza el empleo deliberado de flujos migratorios masivos para forzar concesiones políticas, económicas o militares entre Estados.
