¿Alguna vez se ha detenido a observar por qué los bancos de un parque tienen divisiones metálicas en el medio o por qué aparecen piedras puntiagudas bajo un puente donde antes no había nada? No es una decisión estética fortuita ni una mejora funcional azarosa; es arquitectura hostil. La configuración de nuestras ciudades no es un accidente geográfico, sino una declaración política: un diseño deliberado que busca regular el comportamiento social mediante la incomodidad, convirtiendo el espacio público en un terreno de exclusión para las poblaciones más vulnerables.
Desde la planeación urbana, el espacio público es, por definición, el escenario de la vida colectiva y la equidad. Sin embargo, bajo la premisa de una supuesta “seguridad” o “limpieza visual”, nuestras ciudades están adoptando un lenguaje de púas, ángulos imposibles y superficies frías. Esta lógica higienista atenta directamente contra lo que Jane Jacobs definió magistralmente en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades. Para Jacobs, la seguridad de una urbe no depende de barreras físicas, sino de los “ojos de la calle”: esa vigilancia natural y orgánica que ejercen ciudadanos, comerciantes y vecinos al habitar y observar su entorno de manera constante.
La arquitectura hostil hace lo opuesto: al expulsar al habitante y eliminar las razones para permanecer en un lugar, vacía las aceras y “ciega” a la ciudad. Un banco donde no se puede descansar es un mobiliario que nadie usa; una plaza diseñada para ser incómoda es una plaza sin ojos. Esta estrategia no soluciona problemas como el sinhogarismo; simplemente los desplaza, invisibilizando al ser humano y priorizando el flujo del capital sobre la dignidad. Al fragmentar el tejido social bajo una falsa promesa de orden, el diseño excluyente genera entornos más inseguros, reemplazando la cohesión comunitaria por el vacío y la desconfianza.
En ciudades intermedias como Tunja, donde aún estamos a tiempo de consolidar un modelo de ciudad humana, permitir que la arquitectura se convierta en una herramienta de castigo es un retroceso ético. Como planificadores, tenemos la responsabilidad de entender que el diseño nunca es neutral: o el espacio incluye y sana, o segrega y agrede. Los “muros invisibles” que construimos con el mobiliario urbano son tan reales como el concreto y afectan la raíz misma de nuestra sociedad.
La justicia espacial exige que recuperemos la escala humana. La verdadera seguridad urbana no se logra impidiendo la permanencia, sino fomentando el encuentro. Es momento de que la academia y la ciudadanía cuestionen: ¿Queremos ciudades diseñadas para expulsar o hábitats construidos para convivir? Sanar la ciudad requiere una voluntad técnica y ética para derribar estos bordes hostiles y devolverle a la calle su función primordial: ser el escenario de la vida colectiva, custodiado no por muros, sino por la mirada cómplice y activa de sus propios habitantes.
